La FAPE se suma al comunicado emitido por el Grupo de Periodistas Pi i Margall en su denuncia, y ambas organizaciones señalan que los presupuestos de las administraciones públicas no pueden servir para presionar y chantajear a los periodistas
La moción que ha aprobado el Parlamento catalán en la que se insta a la Generalitat a no otorgar subvenciones a aquellos medios de comunicación privados que se nieguen a insertar o emitir anuncios sobre el referéndum independentista es un ataque a la libertad de expresión y un abuso en el uso del dinero público. Los presupuestos de las administraciones públicas no pueden servir para presionar y chantajear a los periodistas para que acepten o no ciertos contenidos, en este caso de tipo publicitario.
Cada medio de comunicación es libre de defender el ideario que desee, siempre que se inserte dentro del respeto a las leyes, y no se le puede obligar a aceptar publicidad bajo la presión de no recibir unos fondos públicos que no son propiedad de la Generalitat, sino de todos los ciudadanos. Los partidos secesionistas han convertido los medios públicos en puras herramientas de propaganda y ahora pretenden hacer lo mismo con aquellos que han decidido no dar cancha a la propaganda de una consulta ilegal.
La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y el Grupo de Periodistas Pi i Margall solicitamos al Parlament, y a la Generalitat, que dejen de utilizar el dinero público de todos los ciudadanos para presionar a los medios de comunicación y exigimos que respeten la pluralidad de líneas editoriales.
