La presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA), Emelina Fernández Soriano, presentó hoy junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y el de la Comisión gestora del Colegio de Periodistas de Andalucía, Andrés García Maldonado, la ‘Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales’. Un documento que sintetiza toda la jurisprudencia existente sobre el acceso de los medios de comunicación a las sedes judiciales y a la información judicial. Asimismo, recopila los códigos y protocolos vigentes en España y nuestro entorno europeo que regulan las relaciones entre los profesionales de la información y los del ámbito judicial.
La ‘Guía para el tratamiento informativo de los procesos judiciales’ es el resultado del protocolo suscrito por el CAA, el TSJA y el Colegio de Periodistas de Andalucía en mayo de 2012 con el objetivo de mejorar la calidad de la información judicial y las relaciones entre los medios de comunicación y los tribunales de justicia.
El Consejo Audiovisual de Andalucía consideró necesario impulsar esta iniciativa tras constatar el tratamiento informativo que algunas televisiones otorgan a los procesos judiciales penales especialmente mediáticos, sobre todo en aquellos donde se ven afectados menores de edad. Una circunstancia que, en gran medida, se produce cuando el profesional encargado de cubrir estas informaciones, caracterizadas por su complejidad y abundante lenguaje técnico, carece de la especialización necesaria.
Este documento se dirige también a los profesionales de la Administración de Justicia, que debe garantizar la igualdad de trato a los medios en el acceso a las dependencias judiciales y asumir la lícita presión a la que pueden estar sometidos juicios y procesos judiciales que suscitan interés general.
La Guía se estructura en cinco grandes apartados: Incluye unos Principios Generales donde se plasman con claridad los derechos y deberes de los periodistas y de la Administración de Justicia en el desarrollo de un proceso penal. El siguiente apartado está dedicado a las fuentes de información y a clarificar el acceso de los medios a los edificios judiciales.
Otro de los aspectos en los que se centra la Guía, bajo el epígrafe, Información en cada fase del procedimiento, establece las normas y recomendaciones básicas que concilian el derecho y la libertad de información con los límites constitucionales que tiene la publicidad de los procesos judiciales. Asimismo, incorpora algunas nociones básicas para evitar errores e imprecisiones frecuentes que puede provocar el uso indistinto de términos que, en el lenguaje jurídico, describen conceptos diferentes.
Bajo el epígrafe Derecho a la información y menores de edad, la Guía recoge los principios básicos que rigen para el profesional de la información, al ser los menores personas cuyos derechos están especialmente protegidos, entre ellos el del anonimato cuando la información sea contraria a sus intereses. El último apartado de esta guía se centra en el tratamiento informativo de los procesos judiciales por violencia de género.
Autorregulación para preservar el derecho a la presunción de inocencia
Esta Guía se irá enriqueciendo con la experiencia profesional, el desarrollo de la deontología periodística y la voluntad de quienes tienen la función de satisfacer el principio constitucional de información y de publicidad de la justicia. Para ello, el protocolo suscrito entre el CAA, el TSJA y el Colegio de Periodistas de Andalucía prevé la constitución de una comisión tripartita para observar su seguimiento y adaptarla, en su caso, a nuevas circunstancias y situaciones que pudieran sobrevenir.
El CAA confía en que este documento pueda ser de utilidad tanto a los periodistas como a los funcionarios de la Justicia durante el cumplimiento de la función de informar y de garantizar la transparencia y publicidad de los juicios. Y persigue, fundamentalmente, preservar el derecho a la presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia.
El Consejo Audiovisual de Andalucía cree esencial avanzar con seriedad en la autorregulación de los medios en esta materia, pues su papel es fundamental no solo en trasladar a la ciudadanía la información judicial, puesto que también son los encargados de propiciar un debate crítico y fundado de las decisiones judiciales.
