Los Colegios de Periodistas de Cataluña, Galicia y Andalucía consideran absolutamente condenables las presiones para que los redactores de EL PAIS cedan en su postura de no firmar las informaciones como protesta por el despido de 149 compañeros. Tanto la actitud del presidente de PRISA, amenazando con acusar de sabotaje a aquellos redactores que retiren la firma de sus informaciones, como la del director, presionando directamente a los profesionales para que la mantengan, advirtiéndoles de que en caso contrario podría no volver a firmar más, constituyan o no un delito de acoso laboral, como ha demandado el Comité de Empresa, son una clara y grave injerencia en uno de los principales derechos y deberes de un periodista: el de hacerse responsable de lo que escribe si lo hace libremente y sin presiones de ningún tipo. Y es cada profesional quien decide si existen o no esas presiones.
Además de esa injerencia en la deontología profesional, es de lamentar también el desprecio manifestado hacia un grupo de profesionales por su edad, que en el resto del mundo son una referencia por su experiencia y por su trabajo diario.
También lo es el ERE que afectará a prácticamente un tercio de la plantilla de redactores. No solamente porque sea uno más de los que están diezmando las redacciones de todo el Estado, sino porque se produce en un grupo excelentemente dotado de muy bien pagados directivos y en un periódico que es la primera vez que da pérdidas, y mínimas tanto en el sector como en el mundo empresarial. Por último, lamentamos también la desaparición de los suplementos regionales, que constituían en las comunidades autónomas de Andalucía, Galicia, País Vasco y Valencia unos referentes periodísticos de reconocida trayectoria y contribuían a la necesaria pluralidad informativa.
