La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) se ha sumado al rechazo mostrado por el Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería y la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL) al contenido del reglamento interno de la emisora de radio municipal de frecuencia modulada Candil Radio, de Huércal de Almería (Almería), aprobado definitivamente en la vía administrativa y publicado en el número 215 del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el 7 de noviembre de 2012, páginas 19 a 22. El acuerdo municipal se tomó en el Pleno ordinario del Ayuntamiento de la localidad, celebrado el 26 de julio pasado.
Consideramos que el texto en general del reglamento no garantiza la independencia informativa, cultiva claramente el intrusismo y desprecia olímpicamente la profesión de Periodista, a la que no se alude en ninguno de sus artículos, ni siquiera para dirigir o ser redactor de la citada emisora. Es una normativa que incentiva posibles prácticas autoritarias por parte de quienes gobiernen el Ayuntamiento y que no se atiene a principios democráticos, poniendo el medio casi a disposición de los rectores municipales de turno. Y, desprecia absolutamente los derechos de autor.
Según el reglamento "el director de la radio será nombrado por el consejo de emisiones" (integrado por el alcalde y 7 concejales, según su pertenencia a un grupo político o a su no adscripción) con la ratificación del pleno municipal, "debiendo recaer en empleado municipal". Es decir, en cualquier trabajador, funcionario o laboral, del ayuntamiento de Huércal, sin distinción de nivel o categoría y sin necesidad de titulación, y mucho menos con la condición de ser periodista.
Referente al personal de la emisora remunerado, puede ser cualquiera para desempeñar "funciones de locución, control del sonido, redacción y administración". Sin embargo, se reglamenta que existan "colaboradores voluntarios sin remuneración ni dependencia laboral del Ayuntamiento". También contempla el nombramiento de "colaboradores honoríficos", a propuesta del director y "con la aprobación del alcalde", pero resaltando que su trabajo "será siempre gratuito y sin que los designados adquieran ningún tipo de derecho ni obligación para con el Ayuntamiento, mediante la firma del correspondiente documento”. Ninguna referencia a que el personal habrá de ser seleccionado mediante procedimientos públicos que garantizan el acceso en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, cual debe ser, teniendo en cuanta que se trata de una Administración Pública.
"Todo programa realizado quedará en propiedad del ayuntamiento de Huércal de Almería, no pudiendo su autor reclamar dicho programa ni los derechos de autoría", destaca el artículo 23 del reglamento en lo referente a tramitación y realización de programas. La Alcaldía será competente, según el artículo 9, para "dirigir, impulsar e inspeccionar el servicio", "desarrollar la gestión económica" y "cuantas otras le sean conferidas" por ley, pudiendo delegar sus atribuciones en la concejalía de Cultura.
En otros artículos reglamenta que la emisora se inspirará en "la objetividad, veracidad e imparcialidad de las informaciones", "la separación entre informaciones y opiniones", "el respeto al pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico", "el respeto al honor, la fama y la privacidad de las personas", "la protección de la juventud y la infancia" y "el respeto a los valores de igualdad". Pero en su artículo 20 añade: "los diferentes grupos políticos municipales podrán remitir notas de prensa a la emisora con el objetivo de su posterior difusión en los programas informativos, cuya lectura será íntegra, sin que puedan ser extractadas por el director o locutor que la emita". Asimismo, contempla el derecho de rectificación y, por último, añade que "la emisora dispondrá de un libro de honor".
Ante esta situación, que entendemos atenta principios que deben primar en un medio público, la FAPE, la AP-APAL y el Colegio de Periodistas de Andalucía en Almería hacen nuevamente un llamamiento a los rectores de las administraciones en general que disponen de medios de comunicación para que los pongan verdaderamente al servicio de la ciudadanía, regentados por profesionales del periodismo, con una reglamentación que preserve todos los derechos y libertades, que garanticen la transparencia en la gestión periodística y económica, que dignifiquen la profesión periodística y que observen escrupulosamente la legislación vigente en todas las vertientes que afectan a un medio público. En este aspecto, hacemos un llamamiento para que se respete y asuma el Manifiesto de la FAPE en defensa del Periodismo al que, hasta ahora, se han adherido, por unanimidad de sus plenos, las Cortes de Castilla y León, las diputaciones provinciales de Cáceres, Valladolid, Almería y Segovia y los ayuntamientos de Talavera de la Reina, Ávila, Huelva, Segovia, A Coruña, Almería y Abegondo (A Coruña).
